Luego de varios intentos de acceso a los documentos militares por parte de Organizaciones a favor de los derechos humanos, el presidente guatemalteco anunció que cuenta con el “apoyo político” de la cúpula del Ejército de Guatemala para desclasificar los archivos de esa institución.
Varias Organizaciones locales de derechos humanos han sostenido durante varios años, que los archivos militares contienen “importante” información para conocer datos relevantes sobre las víctimas desaparecidas, que sufrieron durante la guerra civil en ese país. Igualmente las organizaciones humanitarias han anunciado que gracias a ello, se podría llegar a conocer la verdad sobre los posibles culpables que arremetieron en contra de los derechos humanos de miles de personas inocentes.
La larga guerra civil de Guatemala en los años de 1960 y 1996, dejó un difícil impacto en ese país latinoamericano. El llamado Genocidio Guatemalteco ocurrió durante esa ofensiva. La Comisión para el Esclarecimiento Histórico, que investigó los crímenes y violaciones cometidos en contra de los derechos humanos, anunció que durante ese período hubo más de 200 mil muertos y 50 mil desaparecidos.
En 1951 el presidente progresista Jacobo Árbenz fue el candidato elegido democráticamente como presidente de ese país, sin embargo, fue derrocado durante un golpe de Estado el 27 de junio de 1954. Árbenz, había decidido impulsar una reforma agraria en la que los campesinos de la región habían sido obligados a distribuir plantaciones de plátano explotadas por una transnacional estadounidense.
Los enfrentamientos contra la dictadura, fueron iniciados por cuatro grupos guerrilleros a partir de 1960, los sabotajes y ataques armados en contra de las instalaciones del gobierno Guatemalteco y los organismos de las fuerzas de seguridad Estatal, fueron también provocados por los mismos grupos guerrilleros. En 1982 estas organizaciones se unieron para formar la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG).
Durante el mismo año, Guatemala presenció nuevamente un golpe de Estado por parte de grupos del ejército, para impedir el ascenso a la presidencia del General Ángel Aníbal Guevara, candidato elegido injustamente por el presidente saliente y General Romero Lucas García.
El proceso de paz tuvo lugar luego de la participación de las Naciones Unidas en los años 90. La URNG firmó acuerdos sobre derechos humanos, derechos indígenas, comprobación histórica y reintegración de víctimas de desplazamiento. De igual manera, en diciembre de 1996 se realizó un acuerdo socio económico y agrario, lo que condujo al fin de un conflicto de más de 36 años sufrido por ese país.
Una comisión de la verdad de Naciones Unidas en 1999 evidenció que el ejército y el aparato de seguridad del Estado fueron los responsables de más del 90% de las muertes, casi en su mayoría indígenas civiles desarmados.
Organizaciones militares guatemaltecas han negado, hasta la fecha, dar a conocer públicamente cualquier tipo de información relacionada con los archivos militares de la guerra civil, bajo el argumento de que esos documentos son “secretos de Estado”.
Francisco García, del instituto Centroamericano de Estudios Políticos (INCEP), dijo hace poco días a la prensa de Guatemala, que la noticia del presidente Colom es un vuelco en la historia del país y abre un nuevo paso hacia la democracia y la reconciliación.
De igual manera, García dijo a la Prensa Latina que, “Es momento en que todos los luchadores sociales, las organizaciones humanitarias y los guatemaltecos afectados por el conflicto cierren filas para llevar a la práctica esa decisión política del gobierno”.
Sin embargo, el ex dictador Efraín Ríos Montt, cuyo período de presidencia fue el más violento en ese conflicto interno y quien según la conferencia de Obispos Católicos de ese país fue acusado de ser responsable de la creciente militarización guatemalteca y de continuar con las masacres civiles en 1982, restó importancia a la noticia del presidente Álvaro Colom, aludiendo que los registros militares sólo contienen información administrativa.
A eso, Mario Polanco del Grupo de Apoyo Mutuo de familiares de detenidos y desaparecidos, anunció a la prensa guatemalteca que la sociedad tiene derecho a conocer los documentos, independientemente de cual sea su contenido.
Ningún gobierno en Guatemala se había mostrado dispuesto a comprometerse a trabajar en las investigaciones del genocidio vivido por ese país durante la guerra civil. Sin embargo, algunas Organizaciones de derechos humanos expresaron su escepticismo sobre el proceso que abrirá la búsqueda y anunciará públicamente el contenido de los archivos militares.
La dudas sobre como serán judicialmente usados los descubrimientos ante un tribunal en calidad de prueba en contra de algunos de los militares del ejército o retirados, persisten ante la comunidad internacional y civil.
Actualmente, la secretaría presidencial para la paz, trabaja en la tarea de ubicar los archivos del ejército de Guatemala e iniciar una investigación, lo que permitiría conocer la verdad sobre las víctimas que perecieron durante la guerra civil guatemalteca.
Fuentes consultadas: BBC, Reuters, CNN, Prensa Latina, La hora periódico de Guatemala.
Varias Organizaciones locales de derechos humanos han sostenido durante varios años, que los archivos militares contienen “importante” información para conocer datos relevantes sobre las víctimas desaparecidas, que sufrieron durante la guerra civil en ese país. Igualmente las organizaciones humanitarias han anunciado que gracias a ello, se podría llegar a conocer la verdad sobre los posibles culpables que arremetieron en contra de los derechos humanos de miles de personas inocentes.
La larga guerra civil de Guatemala en los años de 1960 y 1996, dejó un difícil impacto en ese país latinoamericano. El llamado Genocidio Guatemalteco ocurrió durante esa ofensiva. La Comisión para el Esclarecimiento Histórico, que investigó los crímenes y violaciones cometidos en contra de los derechos humanos, anunció que durante ese período hubo más de 200 mil muertos y 50 mil desaparecidos.
En 1951 el presidente progresista Jacobo Árbenz fue el candidato elegido democráticamente como presidente de ese país, sin embargo, fue derrocado durante un golpe de Estado el 27 de junio de 1954. Árbenz, había decidido impulsar una reforma agraria en la que los campesinos de la región habían sido obligados a distribuir plantaciones de plátano explotadas por una transnacional estadounidense.
Los enfrentamientos contra la dictadura, fueron iniciados por cuatro grupos guerrilleros a partir de 1960, los sabotajes y ataques armados en contra de las instalaciones del gobierno Guatemalteco y los organismos de las fuerzas de seguridad Estatal, fueron también provocados por los mismos grupos guerrilleros. En 1982 estas organizaciones se unieron para formar la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG).
Durante el mismo año, Guatemala presenció nuevamente un golpe de Estado por parte de grupos del ejército, para impedir el ascenso a la presidencia del General Ángel Aníbal Guevara, candidato elegido injustamente por el presidente saliente y General Romero Lucas García.
El proceso de paz tuvo lugar luego de la participación de las Naciones Unidas en los años 90. La URNG firmó acuerdos sobre derechos humanos, derechos indígenas, comprobación histórica y reintegración de víctimas de desplazamiento. De igual manera, en diciembre de 1996 se realizó un acuerdo socio económico y agrario, lo que condujo al fin de un conflicto de más de 36 años sufrido por ese país.
Una comisión de la verdad de Naciones Unidas en 1999 evidenció que el ejército y el aparato de seguridad del Estado fueron los responsables de más del 90% de las muertes, casi en su mayoría indígenas civiles desarmados.
Organizaciones militares guatemaltecas han negado, hasta la fecha, dar a conocer públicamente cualquier tipo de información relacionada con los archivos militares de la guerra civil, bajo el argumento de que esos documentos son “secretos de Estado”.
Francisco García, del instituto Centroamericano de Estudios Políticos (INCEP), dijo hace poco días a la prensa de Guatemala, que la noticia del presidente Colom es un vuelco en la historia del país y abre un nuevo paso hacia la democracia y la reconciliación.
De igual manera, García dijo a la Prensa Latina que, “Es momento en que todos los luchadores sociales, las organizaciones humanitarias y los guatemaltecos afectados por el conflicto cierren filas para llevar a la práctica esa decisión política del gobierno”.
Sin embargo, el ex dictador Efraín Ríos Montt, cuyo período de presidencia fue el más violento en ese conflicto interno y quien según la conferencia de Obispos Católicos de ese país fue acusado de ser responsable de la creciente militarización guatemalteca y de continuar con las masacres civiles en 1982, restó importancia a la noticia del presidente Álvaro Colom, aludiendo que los registros militares sólo contienen información administrativa.
A eso, Mario Polanco del Grupo de Apoyo Mutuo de familiares de detenidos y desaparecidos, anunció a la prensa guatemalteca que la sociedad tiene derecho a conocer los documentos, independientemente de cual sea su contenido.
Ningún gobierno en Guatemala se había mostrado dispuesto a comprometerse a trabajar en las investigaciones del genocidio vivido por ese país durante la guerra civil. Sin embargo, algunas Organizaciones de derechos humanos expresaron su escepticismo sobre el proceso que abrirá la búsqueda y anunciará públicamente el contenido de los archivos militares.
La dudas sobre como serán judicialmente usados los descubrimientos ante un tribunal en calidad de prueba en contra de algunos de los militares del ejército o retirados, persisten ante la comunidad internacional y civil.
Actualmente, la secretaría presidencial para la paz, trabaja en la tarea de ubicar los archivos del ejército de Guatemala e iniciar una investigación, lo que permitiría conocer la verdad sobre las víctimas que perecieron durante la guerra civil guatemalteca.
Fuentes consultadas: BBC, Reuters, CNN, Prensa Latina, La hora periódico de Guatemala.
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